Andrés Manuel López Obrador solo es presidente electo. No ha tomado posesión ni hace actos de gobierno. Controla la agenda mediática –por obvias razones- pero no olvidemos que todavía hay una administración federal en funciones a cargo de Peña Nieto.

El país está sumergido en una crisis tan profunda de gobernabilidad que la llegada de AMLO sin duda se inscribe en el deseo de la población de que las cosas cambien para bien. Así hablaron las urnas.

La expectativa es alta y debemos de tener cuidado porque la decepción también lo puede ser.

Las promesas de campaña son “los cantos de las sirenas” y debemos de reconocer su valor en procesos de campañas políticas y, al mismo tiempo, saber que no necesariamente van cargadas de voluntad o posibilidades reales de cumplirlas. El electorado hace su proceso de selección con base en los dichos que dibujan los candidatos y no en un estudio real de factibilidad.

La palabra del candidato importa, pero nunca es equiparable a la del gobernante o a la de quien lo será porque ya fue electo. El proceso de transición dispara –por momentos- la confusión sobre el peso de la palabra del presidente electo y del presidente constitucional.

Dada la frenética actividad política desplegada por AMLO y su equipo, parecería que su sexenio ya comenzó. Los juicios públicos y las sentencias mediáticas aparecen por todos los rincones de la comentocracia. Y está bien, lo que dibuja AMLO son posibles futuros actos de gobierno. Pero no son actos de gobierno, disculpe la obviedad. Aunque hay un aparato de intelectuales y periodistas destinados a criticar todos los dichos de AMLO, se equivocan al equipararlos a los de una autoridad gubernamental.

Ahora bien, la ola morenista comenzará a tomar decisiones el 1ro de septiembre debido a que entra en funciones el congreso que también conquistó en las urnas el movimiento de AMLO. Los senadores y diputados de la primera fuerza política podrán comenzar a perfilar el marco normativo que el próximo presidente considere necesario para realizar los cambios que estén en su agenda de gobierno. La dirección de AMLO a sus alfiles legislativos será algo que deberemos revisar de manera detenida, ya que podrá hacer las modificaciones que guste a la organización de la administración pública y, con el poder de la bolsa depositado en el Congreso, podrá reorientar a su entera satisfacción el gasto público.

Lo abultada victoria de Morena se basó, principalmente, en un discurso anticorrupción. Fue la capitalización del hartazgo y profundo enojo de la sociedad ante el atraco de los funcionarios federales comenzando con Peña Nieto. Nadie le pudo arrebatar esa bandera a AMLO.

López Obrador no ha dado claridad (y debería darla) sobre su estrategia de reducir sustancialmente la corrupción en el país. Sostener grandi elocuentes dichos sobre combatir la corrupción de ninguna manera tendrán un impacto real en la sociedad. Si recordamos que según el INEGI el 33% de ingreso familiar de las familias más pobres del país es destinado a pagar corrupción, los dichos de AMLO se deben de trasformar en modificaciones de gran calado en la materia que tenga un impacto real en ese 33%.

Más allá de ganar el aplauso fácil y convencer en la carrera electoral, el hecho de que el próximo presidente no haya planteado un plan multifactorial para atacar la corrupción debe de generar preocupación. Las decisiones anunciadas hasta ahora: acabar con los dispendios, privilegios e ineficiencias del gobierno, descentralizar las secretarías de Estado, recortar la nómina gubernamental y bajar los sueldos de algunos funcionarios y centralizar las compras del gobierno son actividades sin un macro objetivo que le dé coherencia.

En otras palabras, dichas actividades podrán tener un impacto, sin embargo, con certeza, no erradicarán la corrupción a niveles aceptables dentro de la OCEDE.

López Obrador tiene tiempo para dar a conocer su plan anticorrupción. Y por plan me refiero a una visión sistémica y multifactorial que atienda a un problema con dichas características. Hasta ahora sus futuras acciones adolecen de profundidad y efectividad para atender el principal problema que aqueja a la sociedad mexicana. Hasta ahora, AMLO ha sido omiso en referirse al Sistema Nacional Anticorrupción. Con todo lo criticable que puede llegar a ser el SNA, es el marco normativo e institucional que se acordó para combatir desde las instituciones a la corrupción. ¿Qué hará con él?

Si la idea del nuevo gobierno no pasa por fortalecer el SNA, y, por el contrario, debilitarlo, la preocupación sobre la eficacia en el combate se vuelve más profunda, y con plena justificación.

En los meses que siguen, previos al 1ro de diciembre, la administración entrante se dará a la tarea de explicar planes de política pública que pondrán en marcha una vez que tomen la administración. Lo han hecho en el área de energía, infraestructura, administración pública, entre otras. Antes de tomar posesión, la plataforma anticorrupción deberá hacerse pública.

No importará el 53% de su victoria si al cabo de un tiempo considerable la corrupción no ha sido disminuida y castigada. Y solo se podrá lograr estos objetivos si las instituciones (y su personal) tienen la instrucción de realizar dicha encomienda fortaleciendo el estado de derecho y la justicia. Los casos de corrupción en la administración de AMLO comenzarán a surgir (de eso no tengamos dudas), la duda está en qué hará Andrés Manuel López Obrador cuando salgan esos casos: ¿Los sancionará y perseguirá –a pesar de ser gente de su administración? O bien, los solapará como ha sido la práctica hasta el momento.

De eso dependerá su legado. Veremos si es verdad su dicho de “por encima de la ley nadie”.

@dariomrs

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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